Casos
Eugenio Javier Maiz Domene y Next Energy: del recurso público a los procesos penales
Participaciones federales, fiscalización coordinada, víctima, procedibilidad, querella, evidencia y una sucesión de investigaciones penales contra el empresario y presidente del Consejo de Administración de Next Energy
Casos · · CIFIREP · 10–15 minutos
Eugenio Javier Maiz Domene es un empresario regiomontano, presidente del Consejo de Administración de Next Energy, a quien diversas fuentes periodísticas identifican también como propietario de la empresa. Next Energy se encuentra vinculada con proyectos energéticos contratados por gobiernos locales.
Permanece privado de la libertad en Aguascalientes desde diciembre de 2025, después de ser detenido en Reynosa, Tamaulipas, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con una investigación por presunto fraude derivada del proyecto de eficiencia energética contratado por el Municipio de Aguascalientes.
Después surgieron nuevas investigaciones por hechos y delitos distintos. La defensa sostiene que actualmente existen cinco carpetas de investigación y que éstas han sido abiertas y judicializadas sucesivamente cuando Maiz Domene se encontraba próximo a recuperar su libertad.
CIFIREP no presenta esa afirmación como un hecho demostrado. La sucesión de investigaciones debe reconstruirse documentalmente; la afirmación de que fueron utilizadas deliberadamente para prolongar la privación de libertad corresponde a la defensa y requiere contrastarse con carpetas, órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso, medidas cautelares, resoluciones de amparo y demás documentos primarios.
Pregunta central
¿Es posible reconstruir documentalmente el recorrido que va desde el origen y aplicación del recurso público hasta las investigaciones y procesos penales relacionados con el caso?
Para responder es necesario seguir, por separado y después en conjunto, el recurso, la competencia de las autoridades, el origen de cada investigación, la afectación patrimonial y la víctima, la procedibilidad, la evidencia y la trayectoria de cada proceso penal.
Solo entonces puede determinarse qué hechos y actuaciones están documentalmente conectados, cuáles tienen un origen independiente y si cada transición —desde el recurso público hasta la eventual atribución de una responsabilidad— cuenta con fundamento normativo, autoridad competente, soporte documental y evidencia suficiente para demostrarla.
¿Por qué analizar este caso?
El caso permite aplicar el Método ORIGEN a un recorrido completo: participaciones federales, contrato de APP PPS 002/2019, fideicomiso, fiscalización coordinada, víctima, procedibilidad, querella, evidencia y una sucesión de investigaciones penales.
Un empresario con proyección nacional
El caso tampoco involucra a un empresario o una empresa de presencia exclusivamente local.
Eugenio Javier Maiz Domene pertenece a una familia empresarial regiomontana con varias generaciones de actividad en sectores como construcción, energía y deporte profesional.
Es hijo del empresario José Sebastián Maiz García, cuya trayectoria empresarial ha estado históricamente relacionada con la construcción y con el béisbol profesional, particularmente con Sultanes de Monterrey.
Diversos medios nacionales relacionan empresarialmente a Eugenio Maiz Domene, además de Next Energy, con sociedades dedicadas a construcción, iluminación, desarrollo inmobiliario y otros sectores, entre ellas MD Iluminación Nacional, Demaga Grupo Constructivo, Constructora Remsal, Grupo Nezwa, Soluciones Inteligentes Monterrey, Inmobiliaria Jome y Econopilotes del Norte.
También ha sido vinculado públicamente con el Club de Béisbol Dorados de Chihuahua, equipo con sede en la capital del estado que regresó en 2024 a la Liga Mexicana de Béisbol después de catorce años de ausencia.
CIFIREP utiliza deliberadamente la expresión “vinculado empresarialmente” respecto de aquellas sociedades y organizaciones cuya estructura accionaria no ha sido comprobada mediante documentación corporativa primaria.
Propiedad, participación accionaria, administración, representación y vinculación empresarial no son conceptos equivalentes.
Este contexto no demuestra ni sugiere responsabilidad alguna. Su función es únicamente explicar la dimensión empresarial y nacional del caso.
El caso también tiene una vertiente en Baja California
Maiz Domene enfrenta además actuaciones penales relacionadas con otro proyecto energético de Next Energy en Baja California. La causa penal 4921/2022 se relaciona públicamente con un proyecto de generación de energía fotovoltaica destinado al suministro energético del acueducto Río Colorado-Tijuana.
En 2026 también se hizo pública la promoción de un juicio de amparo relacionado con la negativa a trasladarlo físicamente desde Aguascalientes para comparecer ante la autoridad judicial de Baja California.
Ese procedimiento no será analizado en esta publicación. Se menciona únicamente para dimensionar el contexto nacional.
Cada contrato, recurso, autoridad, procedimiento y hecho imputado debe reconstruirse por separado.
El presente análisis se concentra exclusivamente en Aguascalientes.
Antes de comenzar: ¿de dónde proviene la información?
Este análisis se construye con información pública, pero no todas las fuentes tienen el mismo valor ni permiten sostener las mismas conclusiones. Por ello CIFIREP distingue cinco categorías:
Información respaldada por una fuente oficial primaria: leyes, contratos, convenios, informes de auditoría, registros oficiales o resoluciones judiciales.
Lo determinado por una autoridad dentro de un procedimiento de fiscalización, investigación o proceso. Una observación no equivale, por sí misma, a irregularidad, daño, delito o responsabilidad.
Información institucional o periodística útil para identificar hechos, documentos o actuaciones que todavía deben confrontarse con la fuente primaria.
Lo sostenido públicamente por autoridades, denunciantes, empresas, investigados o defensas. CIFIREP identifica quién realiza la afirmación y no la transforma en hecho acreditado.
Aquello que todavía requiere comprobación documental.
Cuando falta un documento, no completamos el espacio con una conclusión no demostrada. Identificamos qué documento falta.
El protagonista metodológico: el recurso
Podríamos comenzar preguntando si Maiz Domene es responsable o si las investigaciones en su contra son válidas. El Método ORIGEN propone comenzar antes:
Seguir el recurso.
¿De dónde provino? ¿Cómo circuló? ¿Qué régimen jurídico tenía? ¿Quién podía administrarlo? ¿Quién podía fiscalizarlo? ¿Qué ocurrió con los resultados de esa fiscalización? ¿Qué patrimonio habría resultado afectado? ¿Quién tenía, en su caso, calidad de víctima u ofendido? ¿Cómo comenzó la investigación penal? ¿Quién podía formular la querella? ¿De dónde provino la evidencia? ¿Y cómo terminó conectándose todo ello con una imputación penal contra una persona determinada?
1. El punto de partida: contrato, participaciones y fideicomiso
La Auditoría Superior de la Federación, en la Auditoría 452 de la Cuenta Pública 2023, documentó elementos esenciales del Proyecto de Eficiencia Energética del Municipio de Aguascalientes:
- el contrato de Asociación Público-Privada (APP), identificado como PPS 002/2019, celebrado el 28 de marzo de 2019;
- un monto contractual aproximado de 948.9 millones de pesos;
- contraprestaciones mensuales previstas durante treinta años, del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2050;
- la afectación como fuente de pago de lo correspondiente al 26% de las participaciones federales presentes y futuras que correspondieran al Municipio y provinieran del Fondo General de Participaciones; y
- el Fideicomiso 78252, con Banco Afirme, como mecanismo de pago.
La ASF documentó además que el fideicomiso recibía directamente de la Secretaría de Finanzas los recursos comprometidos de las participaciones federales y registró modificaciones posteriores al esquema contractual, entre ellas un adendum celebrado en 2020.
Fuente oficial primaria Informe Individual ASF, Cuenta Pública 2023, Auditoría 452.
Éste es nuestro punto de partida. Pero conocer la fuente prevista contractualmente todavía no demuestra el origen efectivo de cada pago realizado.
2. Primera ruta: seguir el dinero
Y también debe recorrerse el camino inverso.
¿Podemos regresar documentalmente desde un pago concreto al receptor hasta la ministración que lo originó?
También debe comprobarse si el fideicomiso recibió exclusivamente los recursos comprometidos o si existió mezcla con recursos de otra naturaleza.
Regla ORIGEN: El contrato identifica la fuente comprometida. La trazabilidad demuestra el origen efectivo del recurso.
3. Libre administración no significa pérdida del origen
Las participaciones que corresponden al Municipio forman parte de su hacienda y se encuentran dentro del régimen constitucional de libre administración hacendaria. Pero ello no elimina ni transforma su origen.
- origen → participaciones federales;
- incorporación → hacienda municipal;
- administración → facultades municipales;
- fiscalización → régimen constitucional y legal aplicable;
- afectación patrimonial → debe determinarse respecto del hecho concreto;
- víctima u ofendido → depende del patrimonio jurídicamente afectado.
La libre administración no significa pérdida del origen
La libre administración responde quién puede administrar el recurso; no responde, por sí sola, de dónde provino, quién debe fiscalizarlo, qué patrimonio resultó lesionado ni quién tiene calidad de víctima.
4. ¿Qué ocurre cuando el recurso llega al particular?
Tampoco debe confundirse administrar o ejercer recursos públicos con recibir una contraprestación contractual pagada con recursos públicos.
Debe determinarse cuándo y bajo qué título jurídico el recurso salió de la esfera pública y, en su caso, ingresó al patrimonio del particular. Ser receptor de una contraprestación no equivale automáticamente a administrar recursos públicos.
5. Segunda ruta: seguir la competencia
Participaciones y aportaciones federales no son lo mismo. Sus regímenes jurídicos y de fiscalización presentan diferencias.
En Next Energy estamos siguiendo participaciones provenientes del Fondo General de Participaciones.
6. El Convenio ASF-Aguascalientes cambia la pregunta
La ASF y el órgano fiscalizador de Aguascalientes celebraron el 19 de diciembre de 2016 un Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado, publicado el 19 de enero de 2017 y con vigencia establecida por tiempo indeterminado.
El convenio contempla mecanismos de fiscalización coordinada de participaciones federales.
Por ello sería incorrecto concluir simplemente que, por tratarse de participaciones federales, el órgano estatal no podía intervenir; pero también sería incorrecto afirmar que la sola existencia del convenio autorizaba cualquier actuación.
La pregunta no es solamente si existía convenio. Es qué podía hacer concretamente el órgano estatal dentro de la auditoría correspondiente.
Fuente oficial primaria Convenio ASF–órgano fiscalizador de Aguascalientes y Lineamientos Técnicos.
7. La cláusula XVIII: participar no equivale a ser titular de todas las consecuencias
La cláusula décima octava permite al órgano estatal informar al Congreso local sobre su participación coordinada en auditorías de participaciones, pero establece que no puede comunicarle los resultados específicos, porque se trata de auditorías de la Cuenta Pública Federal a cargo de la ASF.
Esto obliga a distinguir quién realizó materialmente el procedimiento, a qué auditoría pertenecía, quién tenía institucionalmente a su cargo sus resultados y quién podía producir cada consecuencia jurídica posterior.
Participar en la obtención de evidencia o en la elaboración de una observación no equivale, por sí mismo, a ser titular de todas sus consecuencias jurídicas.
La cláusula tampoco demuestra, por sí sola, que el órgano estatal careciera de cualquier facultad independiente para denunciar o querellarse. Eso debe comprobarse en la legislación aplicable.
8. ¿Qué ha dicho la Suprema Corte?
Los precedentes recientes ayudan a delimitar el problema, pero deben utilizarse dentro de su alcance.
La Controversia Constitucional 245/2025 distinguió participaciones y aportaciones y examinó la relevancia de la coordinación respecto de la intervención local en materia de participaciones. Ese asunto no resuelve automáticamente Next Energy porque en Aguascalientes sí se ha localizado un convenio de coordinación.
Las Controversias Constitucionales 174/2025 y 248/2025 resultan útiles para comprender la distribución constitucional de competencias, pero versaron sobre aportaciones federales.
Los precedentes ayudan a formular las preguntas. No sustituyen la comprobación del régimen específico del recurso y del acto analizado.
El Conflicto Competencial 20/2025 permanece como referencia de investigación, pero CIFIREP no le atribuye en esta publicación una regla específica mientras no se confronte su ejecutoria íntegra.
Fuente oficial primaria SCJN — Controversias Constitucionales 245/2025, 248/2025 y 174/2025 (alcance material de cada asunto).
9. Fiscalizar no es lo mismo que investigar penalmente
Una cosa es determinar quién podía fiscalizar; otra, quién podía denunciar; otra, quién era víctima u ofendido; otra, quién podía formular una querella; otra, qué Fiscalía podía investigar; y otra, qué órgano jurisdiccional debía conocer.
No puede construirse automáticamente: origen federal → fiscalización federal → víctima federal → delito federal → Fiscalía federal.
Pero tampoco: administración municipal → víctima municipal → delito local → Fiscalía local.
Cada transición requiere fundamento propio.
10. Tercera ruta: ¿cómo comenzó realmente la investigación?
Existe un antecedente documentado que debe incorporarse a la reconstrucción.
Denuncia del 13 de abril de 2022
El 13 de abril de 2022, Anayeli Muñoz Moreno, Juan Zavala Gutiérrez e Isaac Barrios Ochoa presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Aguascalientes relacionada con hechos derivados de la celebración del contrato PPS 002/2019.
La existencia de esa denuncia está documentada posteriormente en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
Pero su existencia no demuestra por sí sola que sea el acto que originó la investigación por fraude contra Maiz Domene ni que satisfaga la querella exigida para ese delito.
Debe comprobarse documentalmente qué actuación dio origen a cada investigación concreta.
Fuente oficial primaria Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados — antecedente de la denuncia del 13 de abril de 2022.
11. Si la investigación fue por fraude: ¿quién era la víctima?
El origen federal de las participaciones no convierte automáticamente a la Federación en víctima. Pero su incorporación a la hacienda municipal y su libre administración tampoco borra su origen ni determina automáticamente que el Municipio sea la víctima.
¿La conducta concretamente imputada afectó el patrimonio municipal, algún interés patrimonial federal, el patrimonio afectado al fideicomiso o alguna combinación jurídicamente relevante de esas esferas?
La respuesta debe surgir de la imputación, la querella y los documentos patrimoniales. No únicamente del origen del dinero.
12. ¿La Federación tenía que intervenir en la querella?
La afectación de participaciones federales como fuente o garantía de pago no permite concluir automáticamente que la Federación fuera necesariamente la víctima, que el Municipio estuviera obligado a comunicarle primero los hechos o que la Federación fuera la única legitimada para querellarse.
Para sostener cualquiera de esas proposiciones debe localizarse la norma que produzca esa consecuencia. Tampoco debe presumirse lo contrario.
Regla ORIGEN: Origen del recurso, titularidad patrimonial, calidad de víctima y legitimación para formular querella son cuestiones relacionadas, pero jurídicamente distintas.
13. La querella no necesariamente tenía que provenir de ASF u OSFAGS
El fraude previsto en el artículo 147 del Código Penal de Aguascalientes está sujeto al régimen de querella. Pero ésta no tenía necesariamente que provenir de ASF u OSFAGS.
Primero debe determinarse quién tenía jurídicamente la calidad de víctima u ofendido y quién podía representarlo.
Ruta de fiscalización: recurso → auditoría → hallazgo u observación → eventual actuación derivada.
Ruta de procedibilidad: hecho → afectación → víctima/ofendido → representante legitimado → querella → Fiscalía.
Pueden encontrarse. Pero no necesariamente tienen el mismo origen.
14. Denuncia, querella y requisito equivalente no son sinónimos
Una denuncia comunica al Ministerio Público la posible existencia de un delito. Cuando la legislación exige querella debe verificarse la manifestación de voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente pueda representarlo.
Por ello, la denuncia de 2022 relacionada con el contrato no debe identificarse automáticamente con la querella exigida para el fraude.
El artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales se refiere a querella u otro requisito equivalente. Eso tampoco significa que ambos deban acumularse. Debe identificarse exactamente cuál era el requisito exigible y quién estaba legitimado para satisfacerlo.
Fuente oficial primaria Código Penal para el Estado de Aguascalientes; Código Nacional de Procedimientos Penales.
15. También importa cuándo se presentó
La fecha del contrato no determina automáticamente el inicio del plazo. Tampoco puede presumirse cuándo tuvo conocimiento la víctima de la afectación jurídicamente relevante.
Sin esos documentos no puede concluirse que la querella fuera oportuna. Pero tampoco que fuera extemporánea.
16. Cuarta ruta: ¿de dónde salió la evidencia?
Una investigación puede comenzar por una vía. La querella puede proceder de otra. Y la evidencia utilizada posteriormente puede tener una tercera procedencia.
Si determinada evidencia fue obtenida por el órgano estatal dentro de una auditoría coordinada de la Cuenta Pública Federal, ¿mediante qué fundamento y cauce institucional llegó a la investigación penal?
Origen de la investigación ≠ procedibilidad ≠ origen de la evidencia
Pueden coincidir, pero deben comprobarse por separado.
17. Observación, irregularidad, daño, delito y responsabilidad no son sinónimos
Una observación no demuestra automáticamente una irregularidad. Una irregularidad no acredita por sí misma un daño. Un daño no constituye necesariamente un delito. Y un delito no determina automáticamente la responsabilidad de una persona.
Observación ≠ irregularidad ≠ daño ≠ delito ≠ responsabilidad personal
Cada transición requiere fundamento y evidencia propios.
18. Quinta ruta: seguir los procesos penales
Aquí aparece uno de los aspectos más sensibles del caso.
La primera investigación por fraude ha sido públicamente relacionada con la carpeta 2502/2025.
La cronología difundida por la defensa señala que la investigación comenzó el 27 de noviembre de 2024, que la orden de aprehensión fue librada el 14 de noviembre de 2025 y ejecutada el 17 de diciembre de 2025 en Reynosa, Tamaulipas.
Posteriormente Maiz Domene permaneció bajo custodia durante una hospitalización.
El 22 de diciembre de 2025, durante su traslado posterior al alta hospitalaria, dos policías atribuyeron al empresario amenazas y el ofrecimiento de dinero para permitirle escapar. Esos hechos dieron origen a otra investigación, públicamente identificada con la carpeta digital 0079/2026, relacionada con amenazas y cohecho.
La defensa sostiene que el 16 de enero de 2026 ya se había librado una nueva orden de aprehensión.
Posteriormente se han reportado investigaciones por peculado, narcomenudeo y extorsión, hasta sumar cinco carpetas.
La defensa afirma que la sucesión de investigaciones ha sido utilizada para impedir que Maiz Domene recupere su libertad. CIFIREP no presenta esa afirmación como hecho acreditado.
Hasta ahora no se ha localizado documentación judicial primaria suficiente para reconstruir públicamente, respecto de las cinco investigaciones, número de carpeta, fecha de judicialización, resolución de vinculación, medida cautelar, fecha de eventual levantamiento o modificación y efecto concreto sobre la libertad. Por ello la cuestión permanece abierta.
Línea temporal procesal
- 27 NOV 2024Afirmación de parteFraude. Inicio de la investigación, según cronología públicamente expuesta por la defensa.
- 14 NOV 2025Afirmación de parteFraude. Orden de aprehensión, conforme a esa misma cronología.
- 17 DIC 2025Afirmación de parteDetención. La defensa ubica en esta fecha la ejecución de la orden en Reynosa, Tamaulipas.
- 22 DIC 2025Información reportadaAmenazas / cohecho. Hechos ocurridos durante el traslado posterior a la hospitalización; se abre una nueva investigación.
- 16 ENE 2026Afirmación de parteSegunda orden de aprehensión. Fecha atribuida por la defensa a la orden derivada de la segunda investigación.
- 2026Información reportadaNuevas investigaciones. Se reportan posteriormente carpetas relacionadas con peculado, narcomenudeo y extorsión.
- SEPT 2026Información reportadaSituación actual. Maiz Domene permanece privado de la libertad en Aguascalientes. Información periodística reciente atribuye la permanencia actual en prisión a una medida de prisión preventiva relacionada con la investigación por amenazas y cohecho.
Pendiente de documentación primaria: reconstruir para cada una de las cinco investigaciones: carpeta → delito → hecho → judicialización → vinculación → medida cautelar → impugnación → efecto sobre la libertad.
19. ¿Autonomía de los procesos o fragmentación?
La existencia de cinco investigaciones no demuestra por sí misma ninguna irregularidad. Pero tampoco impide formular una pregunta metodológicamente legítima:
¿Cada investigación corresponde a hechos materialmente autónomos o existen conexiones fácticas, temporales, probatorias o procesales relevantes entre ellas?
Para responder deben compararse hechos, fechas, denunciantes, datos de prueba, autoridades intervinientes, momentos de judicialización, medidas cautelares y efectos concretos sobre la libertad.
Sólo después podrá evaluarse documentalmente la afirmación de la defensa de que nuevas causas fueron promovidas cuando otras dejaban de justificar la privación de libertad.
20. Seis trazabilidades para comprender el caso
Financiera
origen → ministración → registro → fideicomiso → transferencia → receptor
Competencial
recurso → régimen → autoridad → atribución → coordinación → procedimiento → acto
Origen de la investigación
hecho/hallazgo → fuente → denuncia/vista/comunicación → Fiscalía → carpeta
Procedibilidad
conducta → afectación → víctima/ofendido → legitimación → querella → oportunidad
Probatoria
fuente → obtención → documento → traslado → recepción → incorporación → utilización
Procesal
carpeta → judicialización → vinculación → medida cautelar → impugnación → resolución
Las seis rutas pueden conectarse. Ninguna sustituye a las demás.
21. ¿Qué está acreditado y qué sigue pendiente?
Acreditado mediante fuentes oficiales
- La existencia y características esenciales del contrato de APP PPS 002/2019.
- La afectación como fuente de pago de lo correspondiente al 26% de las participaciones federales provenientes del Fondo General de Participaciones.
- El Fideicomiso 78252.
- La fiscalización de operaciones relacionadas con el contrato dentro de la Cuenta Pública 2023.
- La existencia del Convenio ASF-Aguascalientes y de mecanismos de fiscalización coordinada de participaciones.
- La existencia de los Lineamientos Técnicos.
- El contenido relevante de la cláusula XVIII.
- El régimen de querella aplicable al fraude previsto en el Código Penal de Aguascalientes.
- La existencia documentada de la denuncia presentada el 13 de abril de 2022 relacionada con el PPS 002/2019.
Corroborado mediante fuentes públicas, pendiente de completar con documentación judicial primaria
- La detención de Maiz Domene a finales de 2025.
- Su permanencia en prisión en Aguascalientes.
- La existencia de investigaciones posteriores a la causa inicial por fraude.
- La investigación derivada de los hechos atribuidos durante su traslado hospitalario.
- La existencia reportada de cinco carpetas.
- La existencia de otro procedimiento relacionado con Next Energy en Baja California.
Pendiente de comprobación documental
- El programa concreto de la auditoría coordinada y los procedimientos asignados al órgano estatal.
- Los papeles de trabajo y observaciones, así como su integración o entrega a ASF.
- El origen documental de cada investigación y quién formuló cada denuncia.
- Qué patrimonio se señaló como afectado y quién fue reconocido jurídicamente como víctima u ofendido.
- Quién formuló la querella por fraude, con qué representación, su fecha y contenido.
- La fecha de conocimiento directo de la afectación.
- La procedencia institucional de la evidencia y el cauce mediante el cual llegó a la Fiscalía.
- La cronología judicial primaria completa de las cinco investigaciones.
22. Next Energy bajo el Método ORIGEN
23. Lo que enseña el caso
- origen federal ≠ administración federal;
- libre administración ≠ pérdida del origen;
- competencia para fiscalizar ≠ titularidad de los resultados;
- fiscalización ≠ investigación penal;
- origen federal ≠ víctima federal automática;
- denuncia ≠ querella;
- querella ≠ origen de la evidencia;
- observación ≠ daño;
- daño ≠ delito;
- delito ≠ responsabilidad personal;
- multiplicidad de investigaciones ≠ fragmentación procesal demostrada.
En cada transición debemos encontrar: norma + competencia + documento + evidencia.
Pregunta final
Tomemos un solo peso relacionado con el contrato.
¿Podemos seguirlo desde su origen hasta una eventual atribución de responsabilidad?
¿Podemos demostrar de dónde salió; por dónde circuló; qué naturaleza conservaba; quién podía administrarlo; quién podía fiscalizarlo; qué actuación produjo la fiscalización; qué patrimonio fue eventualmente afectado; quién era jurídicamente la víctima u ofendido; cómo comenzó la investigación; quién estaba legitimado para formular la querella; cuándo lo hizo; de dónde surgió la evidencia; cómo llegó a la Fiscalía; y cómo terminó conectándose con una conducta individual?
Y después hagamos un segundo recorrido:
¿Podemos seguir cada proceso penal desde el hecho que lo originó hasta la medida que actualmente produce efectos sobre la libertad?
Si podemos hacerlo, existe trazabilidad. Si falta algún eslabón, no corresponde sustituirlo con una conclusión no demostrada. Corresponde preguntar:
¿Qué documento falta?
- Seguir el dinero.
- Seguir la competencia.
- Seguir el origen de la investigación.
- Identificar la afectación y a la víctima.
- Verificar la procedibilidad.
- Seguir la evidencia.
- Seguir el proceso.
Este caso práctico utiliza exclusivamente información disponible en fuentes públicas y tiene una finalidad técnica y metodológica.
CIFIREP distingue entre hechos acreditados mediante fuentes oficiales, resultados u observaciones de autoridad, información corroborada mediante fuentes públicas, afirmaciones de las partes y cuestiones pendientes de comprobación documental.
Las investigaciones y acusaciones mencionadas no implican responsabilidad penal. Maiz Domene conserva la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme que determine lo contrario.
La afirmación de que las investigaciones fueron abiertas sucesivamente con la finalidad de impedir su libertad corresponde a su defensa y no se presenta como conclusión de CIFIREP.
La incorporación posterior de carpetas de investigación, querellas, resoluciones de vinculación, medidas cautelares, amparos u otros documentos primarios podrá confirmar, precisar, modificar o descartar las hipótesis actualmente abiertas.
Fuentes oficiales
Fuentes oficiales primarias
- Auditoría Superior de la Federación. Informe Individual de la Cuenta Pública 2023, Auditoría 452, Municipio de Aguascalientes. Consultar fuente oficial →
- ASF — órgano fiscalizador de Aguascalientes. Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado (publicado en el DOF el 19 de enero de 2017) y Lineamientos Técnicos. Consultar fuente oficial →
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 79 y 115. Consultar fuente oficial →
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Consultar fuente oficial →
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes. Consultar fuente oficial →
- Código Penal para el Estado de Aguascalientes. Consultar fuente oficial →
- Código Nacional de Procedimientos Penales. Consultar fuente oficial →
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. Controversia Constitucional 245/2025. Consultar fuente oficial → Las Controversias Constitucionales 248/2025 y 174/2025 se utilizaron exclusivamente dentro del alcance material de cada asunto.
- Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Antecedente documental relativo a la denuncia presentada el 13 de abril de 2022. Consultar fuente oficial →
Fuentes complementarias / periodísticas
Para la cronología procesal, las investigaciones posteriores, los antecedentes empresariales y el procedimiento de Baja California —hechos cuya documentación judicial primaria todavía no está disponible públicamente— se consultaron las siguientes publicaciones. Estas fuentes se utilizan para identificar hechos susceptibles de verificación y localizar documentos, no para sustituir la documentación primaria.
- Forbes México — antecedentes empresariales de Eugenio Maiz Domene y proyecto fotovoltaico del Acueducto Río Colorado-Tijuana. Consultar publicación →
- ZETA Tijuana — impugnación de la negativa de traslado desde Aguascalientes a Baja California. Consultar publicación →
- PV Magazine México — detención y cronología procesal inicial. Consultar publicación →
- Reforma — denuncia del empresario ante la FGR y reporte de las cinco carpetas de investigación. Consultar publicación →
Otras publicaciones nacionales y locales se consultaron adicionalmente para identificar hechos y localizar documentos primarios.
Cuando exista contradicción entre una fuente periodística y un documento oficial, prevalece el documento primario.
Nota editorial
CIFIREP presenta este caso con finalidad exclusivamente técnica y metodológica. Las referencias a investigaciones, imputaciones o acusaciones no implican responsabilidad penal. Eugenio Javier Maiz Domene conserva la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme que determine lo contrario.
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